La Autoridad Independiente en materia de Corrupción de Castilla y León (AICCyL) participó en la jornada celebrada el 9 de diciembre de 2025 con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, centrada en la integridad y la protección de las personas informantes. El encuentro estuvo organizado por Transparency International España, la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), la Oficina Antifraude de Cataluña y la Fundación Ortega y Gasset–Gregorio Marañón, en el marco del proyecto europeo OPEN THE WHISTLE (OPWHI), orientado a reforzar los sistemas de integridad y cooperación institucional en la Unión Europea.
El programa reunió a representantes públicos, del sector privado, del tercer sector y de la academia en torno a cuatro mesas temáticas: las capacidades y avances normativos de las autoridades de protección, las experiencias de integridad pública en los ámbitos local y autonómico, los retos del sector privado en la protección de informantes, y la aportación del tercer sector y del periodismo a la cultura de la transparencia
En este marco, el titular de la AICCyL, Luis Gracia Romero, intervino en la mesa sobre integridad pública, destacando los retos actuales en la protección de las personas informantes desde el canal externo y las actuaciones desarrolladas por la Autoridad. Asimismo, la asesora jurídica de la AICCyL, Marina Oliveira Teixeira dos Santos, participó en la mesa dedicada al sector privado, abordando los principales problemas normativos y las medidas —proactivas y reactivas— que pueden adoptar las entidades para garantizar una protección eficaz en sus sistemas internos de información
La participación de la AICCyL en esta iniciativa refuerza su compromiso con la prevención de la corrupción y el fraude, la formación y la evaluación de instrumentos de integridad, así como con su función como canal externo y autoridad responsable de la protección de las personas informantes conforme a la Ley 2/2022, de 20 de febrero. La norma recuerda el interés público asociado al fomento de la cultura de la información y establece un ámbito de protección que abarca no solo las infracciones del Derecho de la Unión -conforme a los mínimos establecidos en la Directiva (UE) 2019/1937-, sino también las infracciones penales y las administrativas graves y muy graves.