Esta semana hemos celebrado el Seminario Internacional de Integridad y Protección a los Informantes: hacia una lucha eficaz contra la corrupción, coorganizado por la Autoridad Independiente en materia de Corrupción de Castilla y León (AICCyL), la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) y el Centro de Investigación para la Gobernanza Global (CIGG) de la Universidad de Salamanca. Durante dos jornadas, los días 3 y 4 de junio, expertos nacionales provenientes del ámbito académico y de la práctica profesional abordaron los desafíos actuales en la protección de las personas informantes y la lucha contra la corrupción en España.
Experiencias de las Oficinas Anticorrupción como autoridades de protección (Mesa I)
La primera mesa del 3 de junio reunió a Marta Blázquez Expósito, directora de la OAAF; Olinda Anía Lafuente, directora adjunta de la Oficina Antifraude de Cataluña; y Rosa María Sánchez Sánchez, directora de la Dirección de Análisis del Buzón Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, quienes compartieron experiencias prácticas sobre la aplicación de medidas de protección a los informantes. Se destacaron las principales demandas de apoyo, como el asesoramiento en expedientes disciplinarios, medidas de movilidad y acompañamiento psicológico. Blázquez señaló que el 80 % de los empleados públicos en Andalucía no denuncia por miedo a represalias, especialmente mujeres, jóvenes y empleados de bajo rango. Anía, por su parte, destacó el creciente número de denuncias anónimas (70 %) y la necesidad de profesionalizar a los técnicos encargados de proteger a los informantes. Sánchez, desde el Ayuntamiento de Barcelona, hizo hincapié en las carencias normativas respecto a la figura del responsable de los Sistemas Internos de Información (SII) y en la importancia de dotar de recursos reales a estos canales.
Retos de las nuevas autoridades de protección (Mesa II)
En la segunda mesa se analizaron los desafíos de las nuevas autoridades en la protección de informantes. Participaron Manuel Villoria Mendieta, recientemente nombrado presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante; Luis Gracia Romero, titular de la AICCyL; Ricardo Ron Latas, subdirector general de la Autoridad Gallega de Protección de la Persona Informante; y Jesús María González García, presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. Villoria destacó la necesidad de liderar una estrategia nacional antifraude y la implementación de sistemas de inteligencia artificial en la gestión de denuncias. Se debatió sobre la urgencia de un reglamento que desarrolle la Ley 2/2023, de 20 de febrero; la protección de los responsables de los SII; y el uso de medidas cautelares e indemnizaciones para garantizar la prohibición de represalias. González subrayó las dificultades de interpretación de las competencias de los órganos autonómicos respecto al sector privado.
Percepción de la corrupción (Mesa III)
El 4 de junio comenzó con una mesa sobre la percepción de la corrupción en la ciudadanía. Fernando Jiménez Sánchez, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia, presentó resultados del proyecto W!S-H (A Whistleblowing Habitat in Southern Europe), que, a pesar de mostrar un profundo escepticismo respecto a la protección efectiva de los denunciantes en España, en términos de impresiones sobre la legislación y la protección de informantes en nuestro país, plantea la necesidad de abordar el tema desde una perspectiva positiva, ya que tener un buen sistema de protección implica contribuir a la gestión de los fondos públicos y a la lucha contra el fraude. Manuel García Bernárdez, analista y responsable de relaciones institucionales de la OAAF, abordó los factores personales que influyen en la percepción de la corrupción, como el capital social, el bienestar subjetivo y la privación relativa. Lourdes Parramón, jefa del Área de Relaciones Institucionales, Visibilidad y Participación de la Oficina Antifraude de Cataluña, compartió los resultados de una encuesta bienal llevada a cabo por la oficina catalana durante la última década, que revela una percepción crónica de corrupción en Cataluña. Por último, Javier Sánchez Bernal, profesor permanente laboral de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, señaló que el interés ciudadano por la corrupción ha disminuido en los últimos años, según datos del CIS, y que lo más importante sigue siendo la prevención de la corrupción como medida para evitar un Derecho Penal que siempre “llega tarde”.
Fortalecimiento de la integridad pública (Mesa IV)
La mesa final reflexionó sobre las estrategias preventivas contra la corrupción. Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela, defendió la importancia del marco penal como último recurso, pero imprescindible. Marina Oliveira, asesora de la AICCyL, debatió los principales aspectos controvertidos de la legislación sobre los sistemas internos de información, resaltando la necesidad de llegar a acuerdos para establecer procedimientos más uniformes en el sector público y un mejor cumplimiento de los mínimos determinados por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, con el objetivo de asegurar una mayor seguridad jurídica a los posibles informantes. José Antonio Fernández Ajenjo, investigador del CIGG, presentó datos recopilados de distintas agencias y oficinas antifraude, así como la doctrina jurisprudencial más reciente en la materia, arrojando luz sobre las diversas perspectivas de protección a la persona informante. Cerrando los debates, David Martínez García, director ejecutivo de Transparencia Internacional España, remarcó la necesidad de mayor claridad normativa en materia de transparencia, especialmente en el sector privado, y planteó otras problemáticas respecto a la aplicación de la norma sobre sistemas internos de información en dicho sector.
El seminario ha dejado patente que, si bien la legislación en protección a informantes ha supuesto avances significativos, aún existen importantes desafíos normativos, técnicos y culturales para lograr una protección efectiva y una verdadera cultura de la información en España.
Queremos agradecer muy especialmente la participación de todos los ponentes, moderadores y asistentes que han hecho posible este seminario, así como a nuestros coorganizadores, en la persona de Nicolás Rodríguez García, director del CIGG y del Programa de Doctorado “Estado de Derecho y Gobernanza Global”, y de Marta Blázquez Expósito, directora de la OAAF, por su compromiso y liderazgo en esta iniciativa. En los próximos meses, se publicará un monográfico que recogerá los resultados presentados durante el seminario, con el objetivo de contribuir al avance de una protección efectiva de los informantes y al fortalecimiento de la integridad pública.