La Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León (AICCyL) ha publicado su Memoria de Actividades correspondiente al ejercicio 2025, primer año completo de funcionamiento de la institución. La Memoria, aprobada el 9 de abril de 2026, refleja la consolidación institucional y operativa de la AICCyL y ofrece un análisis detallado de la actividad desarrollada como canal externo de información, en la protección de las personas informantes y en el ejercicio de sus funciones de prevención, formación y cooperación interinstitucional.
La publicación de la Memoria atiende formalmente al mandato previsto para la Autoridad Independiente estatal, en la disposición adicional tercera de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que establece la elaboración y publicación de una memoria anual con la debida transparencia sobre la actividad desarrollada, así como a los deberes de transparencia en el ejercicio de potestades públicas.
A través de este documento se ofrece una visión clara y comprensible de las actividades realizadas, los principales desafíos afrontados y los objetivos alcanzados, con la finalidad de fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas de Castilla y León.
Durante el ejercicio 2025, la AICCyL registró un incremento del 199 % en las denuncias recibidas en términos comparativos homogéneos: de 25 comunicaciones en 2024 (entre junio y diciembre) a 128 nuevas comunicaciones en 2025. En total, la Autoridad ha gestionado 135 expedientes, con un porcentaje de resolución del 76,3 % a 31 de diciembre.
La Memoria subraya la relevancia de la protección de la persona informante. En 2025, el 57 % de las denuncias se presentaron de forma anónima, frente al 43 % de carácter nominativo, y el canal digital fue el medio predominante (84,44 %), al permitir la presentación de denuncias con mayores garantías de confidencialidad. El anonimato se confirma así como una garantía esencial frente al riesgo de represalias, sin perjuicio de la conveniencia de habilitar un medio de contacto seguro que permita una comunicación bidireccional con la AICCyL sin comprometer la identidad de la persona informante.
Por ámbito subjetivo, la Administración municipal concentra el 52,59 % de las comunicaciones, seguida de la Administración de la Comunidad (21,48 %) y de las universidades (16,30 %). Por ámbito material, las tres áreas principales de riesgo son las conductas delictivas o infracciones administrativas muy graves equiparables a la corrupción (25,19 %), la gestión de recursos humanos (22,96 %) y la contratación pública (14,07 %). Por exigencias de confidencialidad y protección del anonimato, los datos se ofrecen desagregados, sin trazabilidad entre quien presenta la denuncia, su ámbito territorial, la Administración implicada y el resto de la información facilitada; en consecuencia, recordamos que una mayor cifra de comunicaciones en un determinado ámbito o territorio no implica, por sí sola, un mayor grado de irregularidades.
La AICCyL ha desarrollado una actividad de análisis y verificación con una intensidad instructora significativa: en 2025 formuló 107 requerimientos de información y celebró 12 comparecencias realizadas con personas informantes o afectadas. De las 24 resoluciones que apreció con indicios de delito y remitió al Ministerio Fiscal, en 17 casos se incoaron diligencias de investigación, lo que supone una tasa de efectividad del 71 %; asimismo, el 80 % de las resoluciones remitidas a órganos administrativos motivaron la apertura de actuaciones.
En materia de Sistemas Internos de Información (SII), la Memoria constata una baja tasa de notificación por parte de las entidades del sector público: únicamente el 2 % del conjunto de entidades del sector público de Castilla y León ha cumplido con la obligación legal de notificar a la AICCyL su Responsable del SII desde el inicio de las actividades de la Autoridad en 2024. A la vista de estos datos, en 2026 la AICCyL ha lanzado AVALIA, su formulario de autoevaluación de los Sistemas Internos de Información, y viene trabajando con universidades y diputaciones territoriales en las dos primeras fases del proyecto piloto AVAL, dirigido a la certificación de los Sistemas Internos de Información, con el objetivo de fomentar el cumplimiento normativo.
El ejercicio 2025 ha supuesto, además, la consolidación interna de la AICCyL, que cuenta con una plantilla de cinco personas y con un Código Ético y de Conducta propio, planteado para su ámbito funcional en el marco de su vinculación al Consejo de Cuentas de Castilla y León, aprobado mediante Resolución de 28 de noviembre de 2025, y orientado a garantizar la ejemplaridad institucional. Su proyección internacional se refuerza mediante la participación en redes especializadas como NEIWA (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities) e IberWhistle (Iberian Network for Whistleblower Protection), situando a Castilla y León en el ámbito europeo de la integridad.
La Memoria incluye un apartado específico de recomendaciones, estructuradas en recomendaciones de gestión —dirigidas a mejorar la tramitación de las comunicaciones y la protección de la persona informante— y recomendaciones de prevención en materia de lucha contra la corrupción y el fraude, formuladas a las entidades afectadas en el marco de las Resoluciones de terminación de actuaciones.
El avance hacia una democracia de calidad no se limita a la creación de órganos de supervisión: requiere también el impulso de una cultura de la información en la que la ciudadanía disponga de garantías suficientes para comunicar irregularidades. La Memoria de 2025 da cuenta de este proceso, estructurando la actuación de la AICCyL en torno a sus funciones esenciales y reflejando su contribución al fortalecimiento de la integridad pública en Castilla y León.